Aprobada la primera ley sobre cambio climático y seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe

La Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) aprobó por unanimidad la primera Ley Modelo sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

Es un instrumento que establece un marco legal de referencia para inspirar leyes nacionales, que permitirá a cada Estado implementar políticas y estrategias a nivel nacional.

La Ley aprobada identifica los elementos regulatorios clave para facilitar la implementación de estrategias de mitigación y adaptación, aborda la gestión del cambio climático y aborda los principios que deben considerarse al formular políticas públicas.

Además, considera la educación sobre estos temas, y hace referencia a la protección de los recursos genéticos frente al cambio climático. También promueve la importancia de prevenir, mitigar, prepararse y responder a emergencias, entre otros temas.

Cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), existe una importante interrelación entre la agricultura, la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a una alimentación adecuada y el cambio climático.

"Es imperativo que tomemos medidas para abordar el cambio climático y la adaptación de los agricultores", dijo Ignacia Holmes, Oficial de Agricultura Sostenible y Resiliente de la FAO.

“Esta Ley nos permite avanzar en una mejor reconstrucción después de la pandemia, con énfasis en medios de producción más sostenibles y resilientes, además de reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria”, afirmó.

Objetivos de la Ley

“Es la primera ley regional que busca enfrentar explícitamente los desafíos que plantea el cambio climático global y, al mismo tiempo, responder a la urgente y necesaria transformación de los sistemas alimentarios”, dijo la senadora argentina Silvia Giacoppo, secretaria alterna de Comisiones y Comisiones del PARLATINO. punto focal de la FAO.

“El objetivo general es establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias de adaptación y mitigación en nuestros países. Todo esto de acuerdo con los objetivos específicos del Acuerdo de París”, explicó el legislador.

Emergencia climática y derecho a la alimentación

La ley contiene un capítulo para situaciones de emergencia y establece la obligación de los Estados de prevenir, prepararse y responder a diversos tipos de desastres relacionados con el clima, mitigando el impacto de dichos desastres en la seguridad alimentaria y nutricional.

Para Manuela Cuvi, Oficial Jurídica del Servicio Jurídico para el Desarrollo de la FAO, “los Estados deben adoptar medidas apropiadas de preparación para emergencias para garantizar el derecho a una alimentación adecuada”.

“De la misma manera, deben tomar medidas con miras a gestionar de manera sostenible los recursos naturales, así como establecer sistemas adecuados de distribución de alimentos”, añadió.

La Ley Modelo sobre Cambio Climático y RAS contó con el apoyo de la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Estos proyectos de. La ley pasará ahora a la última instancia de aprobación en el PARLATINO que es su Asamblea General para luego ser enviada a cada uno de los congresos y asambleas nacionales de los 23 países miembros.

Ley Modelo de agua y saneamiento

A la Ley Modelo de Cambio Climático y RAS se suma otra victoria: la aprobación de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, que también fue aprobada en el PARLATINO.

Este avance –que contó con el apoyo de la FAO, instituciones mexicanas (FPH Capítulo México-SEMARNAT-IMTA-AMEXCID) y la Cooperación Española– permite a las comunidades contar con una herramienta para exigir su derecho humano al agua y al saneamiento.
En su planteamiento, esta Ley incluye el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas y asimilables sobre las aguas de los territorios que habitan.

También fomenta la participación responsable, informada y organizada de la sociedad para garantizar la disponibilidad y calidad del agua, en el presente y para las generaciones futuras.